El Supremo confirma la multa de 13,5 millones a Indra por un cartel en contratos públicos de tecnología
El Tribunal Supremo ha confirmado la sanción de 13,5 millones de euros impuesta a Indra por su participación en un cartel empresarial que alteró durante una década la competencia en licitaciones públicas de servicios tecnológicos. La resolución ratifica la decisión adoptada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en 2018, que sancionó a un total de once compañías por estas prácticas.
Según la investigación, el cartel operó entre 2005 y 2015 en concursos convocados por organismos públicos como la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Las empresas implicadas habrían coordinado su participación para repartirse contratos y reducir la competencia efectiva en los procesos de contratación.
La CNMC concluyó que las compañías intercambiaban información sensible sobre futuras licitaciones, pactaban de forma privada el reparto de los trabajos y utilizaban mecanismos como uniones temporales de empresas (UTE) y subcontrataciones para mantener los acuerdos alcanzados. Además, existía un sistema interno de compensaciones económicas cuando el reparto de los contratos no coincidía con lo previamente pactado.
Tras perder el recurso ante la Audiencia Nacional, Indra acudió al Tribunal Supremo, que ha rechazado sus argumentos y ha confirmado definitivamente la sanción. La compañía ya había provisionado íntegramente el importe de la multa, por lo que la resolución no tendrá un impacto adicional en sus resultados financieros. No obstante, este fallo puede marcar el camino para el resto de recursos presentados por otras empresas sancionadas en el mismo expediente.
¿Por qué es relevante para las empresas?
Esta resolución refuerza el mensaje de las autoridades sobre la importancia de garantizar una competencia real en la contratación pública. Para las empresas que participan en licitaciones, supone un recordatorio de que los acuerdos entre competidores, el intercambio de información estratégica o cualquier práctica que pueda alterar la libre concurrencia pueden derivar en importantes sanciones económicas y un considerable impacto reputacional.
Contar con programas de cumplimiento normativo y formar a los equipos implicados en contratación pública se consolida como una medida esencial para reducir riesgos y asegurar el cumplimiento de la normativa de competencia.