El debate político sobre las zonas tensionadas provoca la caída de oferta: 2.200 viviendas
El debate en torno a la declaración de zonas de mercado residencial tensionado está teniendo un efecto claro y medible: la reducción de la oferta de vivienda en alquiler. Los últimos datos del Barómetro del Alquiler del cuarto trimestre de 2025 muestran que España cerró el año con más de 33.400 viviendas menos en el mercado, una caída concentrada especialmente en territorios donde la regulación ya se aplica —o donde su posible aplicación genera incertidumbre—.
Barcelona es el ejemplo más ilustrativo. Aglutina el 34,7% de la pérdida total de oferta nacional, con una presión de 462 interesados por anuncio, mientras los precios se mantienen estabilizados en niveles históricamente altos. El control de precios no ha reducido la demanda, pero sí las opciones disponibles, lo que intensifica la competencia entre inquilinos.
Este patrón se repite en otros territorios. Las Palmas de Gran Canaria ha perdido un 40% de su oferta desde 2021, una caída que el sector vincula directamente al debate político sobre su posible declaración como zona tensionada. Asturias, donde se estudia esta figura en al menos 16 municipios, ha visto desaparecer 2.217 viviendas en un solo año (un 14,1% del total), mientras la presión de la demanda crece con fuerza: de 19 a 31 interesados por anuncio.
Comunidades como Cataluña, País Vasco y Navarra muestran tendencias similares. En el País Vasco, la aplicación de medidas regulatorias ha provocado una retirada masiva de inmuebles del alquiler residencial tradicional hacia otras modalidades, manteniendo precios elevados. Navarra y Galicia, aunque con contextos distintos, también registran descensos relevantes de oferta acompañados de mayor presión y encarecimiento.
La clave del problema, coinciden analistas y responsables públicos, no es únicamente el precio, sino la escasez de vivienda disponible. La incertidumbre regulatoria desincentiva a muchos propietarios, reduce la estabilidad del mercado y dificulta que familias y profesionales puedan construir proyectos de vida a largo plazo.
La lección es clara para administraciones y empresas: cualquier intervención debe ir acompañada de rigor, seguridad jurídica y políticas que incentiven la oferta. Regular sin ampliar el parque de vivienda puede aliviar un síntoma a corto plazo, pero agrava el problema estructural. El reto —y la oportunidad— está en diseñar soluciones que equilibren protección al inquilino, confianza al propietario y viabilidad para el mercado.