El Gobierno propone un máster gratuito de dos años para aspirantes a altos cargos públicos
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha anunciado una profunda reforma en el sistema de acceso a la Administración Pública. La propuesta, presentada este lunes, establece que los aspirantes a puestos del grupo A1 y A2 (incluyendo jueces, inspectores o altos funcionarios) deberán cursar obligatoriamente un máster gratuito de dos años antes de optar a una plaza. Al finalizar esta formación, los candidatos se enfrentarán a un examen final que determinará quién accede a los puestos, mientras que el resto obtendrá un título de posgrado oficial.
Este nuevo modelo, inspirado en el sistema francés del Instituto Nacional de Servicio Público (del que han salido figuras como Emmanuel Macron), se enmarca dentro del documento de Consenso para una Administración Abierta y contempla, además, un sistema de becas para los estudiantes, a través de una red de centros homologados por el Ministerio. Para los grupos C1 y C2, la formación obligatoria se cursará tras obtener la plaza, manteniéndose sin cambios el sistema actual para el resto de categorías.
La reforma también incluye medidas complementarias, como la eliminación de la cita previa obligatoria para realizar trámites en las entidades públicas y la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para mejorar los servicios. Uno de los ejemplos destacados es la futura plataforma que permitirá procesar solicitudes de ayudas como el Kit Digital en apenas tres minutos. Según el ministro Óscar López, el objetivo es modernizar y agilizar la Administración, ofreciendo mayor equidad y eficiencia en el acceso y atención ciudadana.
No obstante, la iniciativa mantiene la polémica “tasa de reposición”, que limita la incorporación de nuevos funcionarios, a pesar de las promesas de eliminarla en los Presupuestos de 2025. Este límite sigue generando un fuerte uso de interinos en comunidades autónomas, algo que incluso ha motivado sanciones desde la Comisión Europea. Además, la nueva Oferta de Empleo Público es inferior a la del año anterior, lo que ha provocado malestar en los sindicatos.
Aunque el plan todavía debe pasar por el Congreso, desde el Ejecutivo aseguran que se trata de un cambio estructural que pretende superar el actual modelo cuantitativo y apostar por uno más cualitativo, capaz de responder a los desafíos reales de la Administración en los próximos años.