La mayor asociación de autónomos denuncia al Gobierno ante la UE por no trasponer la norma que podría eximirles de repercutir el IVA
La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ha dado un paso relevante al denunciar al Gobierno español ante la Comisión Europea por no haber traspuesto, en el plazo establecido, la Directiva europea 2020/285. Esta norma, en vigor desde 2020 y de aplicación obligatoria desde el 1 de enero de 2025, permite a los Estados miembros eximir del IVA a autónomos y pequeñas empresas con una facturación anual de hasta 85.000 euros.
En la práctica, esta directiva ofrece una solución clara a uno de los grandes desafíos del trabajo por cuenta propia: la complejidad y carga administrativa del IVA. Sin embargo, España sigue sin incorporarla a su ordenamiento jurídico, lo que convierte al país —según confirma la propia Comisión Europea— en el único Estado miembro que no aplica este régimen de exención para pequeñas empresas.
ATA advierte de las consecuencias directas de esta inacción. Los autónomos españoles continúan soportando las mismas obligaciones fiscales que las grandes corporaciones, sin acceso a un verdadero régimen de simplificación. Esto no solo incrementa costes y trámites, sino que también genera una desventaja competitiva frente a profesionales de otros países europeos, donde sí existen umbrales de exención adaptados a cada realidad económica.
La Comisión Europea ya había actuado: tras un requerimiento formal en enero de 2025, emitió un dictamen motivado en julio, instando a España a cumplir la directiva bajo la advertencia de llevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE. A día de hoy, el incumplimiento persiste.
Desde ATA se subraya que el problema no es únicamente no aplicar el máximo de 85.000 euros. Otros países han optado por umbrales más bajos —como Alemania, Portugal o Bélgica— demostrando que existen alternativas equilibradas. Lo que resulta difícil de justificar, según la asociación, es la negativa total a implementar cualquier fórmula, cuando el objetivo de la directiva es claro: aliviar la carga fiscal y administrativa de quienes sostienen gran parte del tejido productivo europeo.
Para los profesionales y empresas, el mensaje es evidente: la falta de adaptación normativa no es un detalle técnico, sino una barrera real para la competitividad y el crecimiento. Y, como recuerda ATA, cuando no se avanza en soluciones, se pierde una oportunidad clave para fortalecer el ecosistema empresarial.