Portugal mueve ficha en la energía… y España siente la presión
Portugal ha tomado una decisión estratégica que está resonando con fuerza en el sector energético ibérico: eliminar el clawback, el impuesto que gravaba la generación eléctrica desde 2013. El objetivo es claro y explícito: abaratar el precio de la electricidad para ganar competitividad y atraer nuevas inversiones. El mensaje al mercado es directo, y sus efectos empiezan a notarse.
Al suprimir este gravamen —equivalente al impuesto del 7% que sigue vigente en España—, Portugal mejora automáticamente la rentabilidad de producir energía en su territorio. En un mercado eléctrico integrado como el ibérico, este tipo de decisiones no se quedan dentro de las fronteras. El propio sector español ya anticipa un cambio de tendencia: menos exportaciones desde España y más importaciones desde Portugal. De hecho, en los primeros días de 2026, el país luso ya presenta un saldo eléctrico exportador en varias jornadas, algo poco habitual hasta ahora.
Desde Lisboa, el Gobierno defiende la medida como una corrección necesaria. El clawback —según recuerdan— penalizaba la producción nacional y favorecía la importación de electricidad española, en contra de sus objetivos estratégicos. La ministra de Energía, Maria da Graça Carvalho, lo resume con una idea que conecta especialmente con el mundo empresarial: una electricidad más barata beneficia a toda la economía y crea un entorno más atractivo para invertir.
Las eléctricas coinciden en el diagnóstico. Un mismo parque solar o una instalación de bombeo puede ingresar hoy hasta un 7% más si está en Portugal que si está en España. A ello se suma otro factor clave para cualquier proyecto industrial o tecnológico: las redes eléctricas. Portugal no solo ha bajado impuestos, también ofrece una retribución más atractiva a las inversiones en redes, uno de los grandes cuellos de botella para fábricas, centros de datos y procesos de electrificación en toda Europa.
En España, el contraste es evidente. El impuesto del 7% a la generación eléctrica aporta cerca de 1.900 millones de euros anuales a las arcas públicas, pero lleva años en el centro del debate. Fue suspendido temporalmente durante la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania y su derogación cuenta con apoyos tanto políticos como sectoriales. El Ministerio para la Transición Ecológica ve con buenos ojos su eliminación para aliviar la factura eléctrica y reforzar la competitividad. Hacienda, sin embargo, se resiste a renunciar a un ingreso tan relevante.
Para las empresas y profesionales que toman decisiones de inversión, la lección es clara: la fiscalidad energética importa, y mucho. Portugal está utilizando este instrumento para posicionarse como un polo atractivo en la transición energética. España, por su parte, se enfrenta al reto de equilibrar ingresos públicos, precios competitivos y atractivo inversor. El desenlace de este debate no será solo técnico o fiscal; marcará el ritmo de la competitividad industrial en la península en los próximos años.