La ambición inicial de la llamada Sepi Digital
Oficialmente, la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT)— se ha ajustado de forma significativa. De los cerca de 20.000 millones de euros anunciados en 2023 como capacidad de inversión, el Gobierno ha fijado ahora un objetivo realista de unos 3.300 millones de euros ejecutados antes de junio, según la última adenda del Plan de Recuperación aprobada por la Comisión Europea.
Este ajuste no responde tanto a un giro estratégico como a una corrección de expectativas. La SETT necesitó tiempo para ponerse en marcha: crear estructura, incorporar talento y definir mecanismos de inversión. En ese contexto, ejecutar una cifra tan elevada en apenas dos años era, sencillamente, inviable. Desde el actual equipo ministerial se insiste en un matiz clave: los 20.000 millones nunca fueron fondos disponibles, sino un techo máximo de inversión.
El principal recorte procede del Perte Chip, concebido para movilizar hasta 12.000 millones de euros. Finalmente, se quedará previsiblemente entre 1.500 y 2.000 millones. Aun así, el proyecto no desaparece: se concentra en iniciativas más concretas y ejecutables, como la futura planta de obleas en Trujillo —con 725 millones ya comprometidos— y el centro de excelencia de Imec en Málaga, con cerca de 370 millones para salas blancas y pruebas de chips. Son proyectos relevantes, aunque lejos de la aspiración inicial de atraer fábricas de semiconductores punteros.
Este repliegue no es solo español. Europa en su conjunto ha tenido dificultades para competir con Estados Unidos en la carrera por los chips, y solo Alemania ha logrado avances significativos. No es casual que Bruselas ya prepare una nueva Ley de Chips para 2026, reconociendo implícitamente que la primera no ha dado los resultados esperados.
También se ajustan las cifras en los fondos de inversión gestionados por la SETT. El fondo Next Tech deberá alcanzar 1.500 millones invertidos, menos de lo previsto inicialmente. La cofinanciación obligatoria con capital privado y la competencia de otros organismos públicos han ralentizado su despliegue, un reto habitual para quienes intentan escalar proyectos innovadores en entornos complejos.
Por último, el área audiovisual —otro de los pilares anunciados— recibe un impulso mucho más moderado: alrededor de 450 millones entre ayudas e inversiones, muy lejos de los 1.700 millones prometidos en el lanzamiento de la SETT.
La lectura para empresas y profesionales es clara: la estrategia digital del Estado no se abandona, pero entra en una fase más pragmática. Menos grandes titulares y más proyectos concretos, con impacto tangible y capacidad real de ejecución. En un entorno económico y geopolítico exigente, ajustar el rumbo no es un fracaso, sino una forma responsable de proteger recursos y maximizar resultados. Para quienes operan en tecnología, industria o audiovisual, el reto ahora es identificar dónde están esas oportunidades reales y cómo alinearse con ellas.